El problema del funcionario que tiene la obligación
de bajar costos en un sistema es que siempre será injusta (con algunos)
la decisión que tome para favorecer (a otros) en su estructura de
costos.
Evitar caer en podas discrecionales de estructuras es el
arte del buen político. Y para asegurarse de ser equitativo debe cumplir
con una serie de pasos. Debe conocer a fondo el campo donde operará.
Debe haber hablado en profundidad con todos los actores. Debe evaluar
alternativas si las hay. Debe prever con certeza casi absoluta las
consecuencias que su decisión traerá. Debe ser consciente que no está
obrando en contra de unos y en favor de otros. No debe operar datos para
argumentar en su favor. Y debe, por sobre todas las cosas, tener la
grandeza de descartar una opción que perjudica a más de los que
beneficia a pesar del rédito político que le dará.
Dentro
del Ministerio de Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich, muchas de
estas premisas no se cumplen. La reducción de costos es la única e
indiscutida variable posible para mejorar la competitividad. Y rechazan
el consenso como valuarte de legitimidad en la toma de decisiones, y el
diálogo es visto como tiempo preciado que demora la acción.
Mientras
la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables a cargo de Jorge Metz
apura en obstinada soledad decisiones para bajar costos de practicaje y
remolques (que benefician a los armadores extranjeros y no
necesariamente se trasladan al flete que paga la carga), la
Administración General de Puertos (AGP), de Gonzalo Mórtola, sorprendió
con la resolución 76/16 que -por más eufemismos que usen- deja sin efecto el sistema TAP (Transporte Argentino Protegido).
La
AGP accedió al pedido de los exportadores que veían en el TAP un costo
superfluo. Y desestimó hablar con el resto del sistema que, como
dictaminó la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), dio
origen a esta solución para ocupar un vacío legal a partir de la
autorregulación. De común acuerdo estaban los importadores, los
despachantes, las terminales y los transportistas, que adoptaron este
régimen de cobertura. Los exportadores, responsables de sólo el 30% del
movimiento de contenedores en el puerto, fueron los escuchados en este
caso.
No sólo no hablaron con toda la cadena logística: la AGP reconoció a La Nacion que no habían leído las pólizas del TAP.
Escudarse
en que "no es obligatorio" ahora para las terminales exigirlo es
pretender ingenuamente minimizar daños colaterales: el vacío legal
reaparece y las demoras por verificación de espejo en los gates
volverán. Las cucardas políticas de algunos son los costos por
contingencias que surgen para otros.
Fuente: lanacion.com.ar
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