Entre las indagatorias que pedirá el juez Aguinsky figura el ex jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, Eduardo Bernardi, y otros empresarios.
La Justicia avanza en la reapertura de 300 contenedores
sospechados de haber sido usados para ingresar mercadería de
contrabando desde China y se prepara para comenzar a citar a los más de
setenta imputados denunciados por el desplazado titular de la Aduana,
Juan José Gómez Centurión.
Las novedades se dan en medio de la polémica por el apartamiento del funcionario que dio pie a la investigación y que reveló una interna con los servicios de inteligencia
por el control de una de las áreas más sensibles del Estado: la Aduana,
organismo clave en las políticas contra el narcotráfico y el lavado de
dinero.
El plan del juez a cargo del expediente, Marcelo Aguinsky, es
comenzar a indagar a los sospechosos en sesenta días. Mientras tanto,
continúa trabajando en la apertura de los 300 contenedores que
fueron identificados como sospechosos en diferentes depósitos fiscales y
terminales del puerto de Buenos Aires. Gómez Centurión cree que el
contrabando está directamente ligado a la ex SIDE. Los imputados abarcan funcionarios de la Aduana, importadores y empresarios del mundo aduanero.
Los investigadores también analizan por estas horas los resultados de los más de cien allanamientos
que se hicieron en la causa y esperan el resultado del peritaje de las
computadoras y otros soportes informáticos secuestrados, a cargo de la
división Cibercrimen de la Policía Metropolitana.
En el expediente, que ya acumula 43 cuerpos y crece a ritmo
acelerado, están imputados entre otros el ex jefe de la Aduana de Buenos
Aires, Eduardo Bernardi, y los hermanos Paolantonio,
sospechados de ser los jefes de la organización que durante años
contrabandeó toneladas de productos a gran escala. Muchos de los dueños
de los containers secuestrados nunca se presentaron a reclamar la
mercadería y perdieron importantes sumas de dinero con total de no “quedar pegados”.
Otro de los puntos claves de la investigación es establecer la trazabilidad de los contenedores
desde que salieron de China hasta que llegaron a Buenos Aires. Saber
cuánto pedían los importadores, qué declaraban y cuánto pesaba la
mercadería es central para los investigadores.
La gestión de Gómez Centurión en la Aduana había catalogado “en condición de rezago y bloqueo”
a 3.678 containers. El valor de esa carga monumental fue valuada por la
Aduana en u$s432 millones, informaron fuentes del organismo a Perfil.
Pero la investigación judicial se acotó a 300 casos para acelerar los
resultados de la causa. Inspeccionar los contenedores que revisa la
Justicia llevará un promedio de 2.700 horas.
Gómez Centurión reveló que el caso del contrabando de China
fue el detonante para activar una operación de inteligencia financiada
por los sectores afectados por la investigación. Fue denunciado ante la
Justicia de intentar sobornar a importadores a través de un
intermediario para habilitar el ingreso de mercadería del extranjero. Un
día antes de que se presentara la denuncia, el funcionario había sido
anoticiado de que algunos de los denunciados tenían vínculos con el
tráfico de efedrina.
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