Desde distintos sectores coinciden en que a 33 años de su promulgación, la normativa -de avanzada para la época- apenas necesita algunas modificaciones,pero lo que realmente importa es que se cumpla con lo establecido en la letra.
Sólo seis días habían pasado desde que la democracia
se había reinstaurado en la Argentina cuando el presidente Raúl Alfonsín
envió al Congreso el proyecto de lo que fue la ley 23.101, la "ley
madre" del régimen de promoción de exportaciones vigente hasta nuestros
días. Esta semana se cumplen 33 años de ese hecho histórico, y pese a
todos los cambios que hubo en la estructura del comercio, en la forma de
hacer negocios y en la tecnología, la norma mantiene su validez y se
habla de actualizarla o complementarla más que de reemplazarla.
Efectivamente,
en líneas generales, las instituciones representativas reivindican esa
norma y más que proponer un régimen diferente reclaman que el actual
recupere la plena vigencia -ya que hay mecanismos que no están
operativos- o eventualmente que se adapte o que se complemente con otras
medidas.
La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la
República Argentina (Fecacera), que agrupa a 17 entidades de 13
provincias, así como la Cámara Argentina de Comercio (CAC), están entre
las instituciones consideran que que la ley no ha perdido vigencia y
merece ser reflotada.
El
presidente de Fecacera, Jorge Sobrero, afirma que "la debida
reglamentación de esta ley contribuiría sobremanera a mejorar la
promoción de las exportaciones argentinas". En tanto, Víctor Dosoretz,
tesorero de la CAC y representante ante la International Chamber of
Commerce (ICC), coincide en que debería primero reglamentarse y luego
adaptarse: "No siempre se necesita una nueva legislación, sino que
muchas veces basta con que se aplique la normativa existente", comenta
Dosoretz.
Por su parte, Elvio Baldinelli, director del Instituto
para el Desarrollo de Consorcios de Exportación de la Fundación ICBC,
considera que "la ley en su actual redacción refleja las necesidades de
las exportaciones argentinas, motivo por el cual no debiera
modificarse".
La
conclusión inevitable es que aquel proyecto fue una iniciativa muy
completa, bien pensada y moderna, e incluso visionaria, dado que ya en
1983 hablaba de exportación de servicios y tecnología, temas que recién
cobraron fuerza en la agenda pública veinte años más tarde con el súbito
despegue de las ventas al exterior de software, call centers y
productos audiovisuales argentinos.
Hace pocos días se realizó en
la residencia presidencial de Olivos una reunión del presidente Macri
con parte del gabinete con el objetivo de definir la estrategia de
inserción internacional del país de largo plazo. Pero las únicas medidas
concretas que trascendieron fueron la reestructuración de la
Cancillería y el refuerzo del personal de las embajadas ubicadas en
economías emergentes.
Aún así, está claro, el tema es movilizador
para el nuevo gobierno: además de la eliminación de derechos de
exportación o el lanzamiento de una nueva Agencia Argentina de
Inversiones y Comercio Internacional, la aceleración o apertura de
negociaciones comerciales ocupa un lugar destacado en la agenda cada vez
que Mauricio Macri se encuentra con otro jefe de Estado.
Cabe
preguntarse entonces si la vocación internacionalista de la nueva
administración se plasmará en algún proyecto de ley de promoción de
exportaciones que complete el paquete de normas compuesto por la ley de
apoyo a las pyme, la de asociación público-privada y la de
emprendedorismo.
Las ventajas de una ley
Es
cierto que no es imprescindible promulgar una ley para cada política
que se quiere impulsar. En la Argentina funcionan desde hace más de una
década un conjunto de programas de promoción de exportaciones que no
están basados en ninguna ley, como la organización de pabellones en
ferias internacionales, el programa ProArgentina, el fomento de grupos
exportadores, etcétera.
Pero encuadrar la estrategia de
internacionalización en una ley, sin embargo, tiene varias ventajas. Por
un lado, ofrece mayor certidumbre al empresariado sobre la estabilidad
de las reglas de juego. Pero sobre todo, al abrir un debate público se
puede enriquecer el proyecto con distintas miradas, a la vez que se
construye un consenso con los distintos sectores políticos que hace más
probable la continuidad de las medidas en el tiempo. Basta con ver la
ley 25.300 de apoyo a las pyme, enviada al Congreso por el presidente De
la Rúa y llevada a la práctica en su plenitud durante los gobiernos de
Néstor y Cristina Kirchner.
El régimen de promoción del sector de
software y servicios informáticos -una iniciativa del sector privado
introducida por el diputado justicialista Alberto Briozzo- fue puesto en
vigencia por la anterior presidenta y es continuado con entusiasmo por
la administración actual. Del mismo modo, y como dice Sobrero, "la
promoción del comercio exterior sólo es válida en la medida que se
convierta en una política de estado trascendiendo a los gobiernos de
turno".
Curiosamente, uno de los impulsores más decididos de una
revisión profunda de la ley 23.101 es su propio "padre", el secretario
de Comercio Interior, Exterior y Turismo del primer gobierno de la
recuperación democrática, Ricardo Campero, quien en 2013 trabajó con el
bloque de diputados radicales en el proyecto de un nuevo régimen que
incorporó como beneficiarios a los exportadores de bienes culturales,
científicos y tecnológicos, además de retomar la promoción para las
exportaciones industriales y de las economías regionales.
Distintas expectativas
En
las entidades del sector, sin embargo, las expectativas son más
moderadas, quizá como consecuencia de muchos años de desilusiones.
Así,
Dosoretz advierte que "en la Argentina tenemos una larga tradición de
impulsar múltiples normas que "se acatan pero no se cumplen. Es hora de
que nos centremos en cumplir la legislación en vigencia -empezando por
la Constitución Nacional- y no generemos nuevas leyes si estas no son
necesarias".
Algunos mecanismos vigentes se frustran por fallas
burocráticas; como dice Enrique Mantilla, presidente de la Cámara de
Exportadores (CERA): "No basta tener incentivos, también es clave
verificar si la administración tributaria está organizada para
fortalecer la competitividad. O sea, si los incentivos se pagan en
tiempo y forma".
En lograr la vigencia efectiva de los beneficios
es precisamente donde, por el momento, ha concentrado sus esfuerzos el
subsecretario de Comercio Exterior del ministerio de Producción, Shunko
Rojas, quien administra once regímenes de promoción vigentes. Por
ejemplo, para usar el régimen de Admisión Temporaria las solicitudes de
tipificación se demoraban dos años, y a partir de la nueva gestión se
responden en 60 a 90 días, dándole además la posibilidad a la empresa de
importar los insumos mientras se tramita el expediente.
Además,
para todos los trámites en general se está instrumentando el expediente
digital que permite gestionarlos a distancia, lo que acerca el beneficio
a todas las provincias sin necesidad de gestores.
Otros actores reclaman la aplicación completa de la ley vigente, ya que hay mecanismos que fueron derogados por decreto.
Baldinelli
pide por el regreso del reintegro adicional que, en el marco de aquella
ley, se le ofrecía a los grupos asociativos y a las compañías de
comercialización (trading), al que considera "un excelente mecanismo,
motivo por el cual debería prorrogarse su vigencia, reinstaurándose sin
modificaciones". Mientras que para Sobrero "es fundamental que entidades
como las cámaras de comercio exterior puedan disponer de un fondo de
aporte obligatorio (como el previsto en la ley 23.101). Son esas cámaras
las que están en el lugar y que cuentan con el know how para
asistir a las empresas en su territorio. Ya no existe, y menos en
nuestro país con una extensión territorial importante, un Estado
omnipresente que se ocupe de todo. Necesita de aliados, y los mejor
preparados son las cámaras de comercio exterior".
Más allá de
lograr una ejecución eficiente de los mecanismos que hay, los cambios en
el escenario internacional fuerzan algunos ajustes.
Mantilla
advierte que cuando se sancionó aquella ley no existía la Organización
Mundial del Comercio (OMC) que aprobó el Acuerdo de Subvenciones y
Medidas Compensatorias (ley 24.425), que deja "fuera de juego" algunas
de las medidas que contenía la 23.101.
Algo similar ocurre con
mecanismos que facilitan la introducción de insumos importados sin pagar
aranceles, como la Zona Franca, Admisión Temporaria y Drawback, que
ahora se ven condicionados por lo que se decide en el Mercosur.
Otros alcances
Algunos datos sobre esta regulación de avanzada
A nivel nacional
La ley 23.101 fue enviada al Congreso Nacional el 16 de diciembre de 1983, y sancionada el 28 de septiembre de 1984
En las provincias
Cinco
provincias tienen sus propias leyes de promoción de exportaciones,
sancionadas entre 1992 y 2008: Buenos Aires, Chubut, Mendoza, Río Negro y
San Juan. Salvo Mendoza (centrada en subvenciones), las demás
contemplan la devolución de impuestos provinciales al exportador y
fondos permanentes para acciones de fomento
Reintegros a las exportaciones
Los
reintegros a las exportaciones no se consideran subsidios, sino la
devolución de impuestos que se pagaron durante el proceso productivo,
por lo que están permitidos por la OMC. Las alícuotas fueron reducidas a
la mitad en 2001 en forma generalizada y nunca restablecidas al nivel
original ni actualizadas en base al análisis de la cadena de valor
Subvenciones
La
OMC permite las subvenciones para que pequeñas empresas puedan acceder
al mercado externo siempre que no se reduzca directamente el precio del
bien o servicio exportado
Fuente: LaNacion.com
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